Tras la dimisión del conde de Toreno en septiembre de 1835, María
Cristina mandó formar gobierno a Juan Álvarez de Mendizábal, un gaditano
de origen judío que había tomado parte en el pronunciamiento de Riego y que
tuvo que exiliarse en Inglaterra en 1823, allí logró hacer una gran fortuna y
convertirse en un financiero de prestigio que contaba con el apoyo de sectores
influyentes de las Bolsas europeas. Mendizábal había sido ya ministro de
Hacienda con el conde de Toreno y representaba al sector más radical de los
liberales, en torno suyo se fue formando el germen de los que llegaría a ser el
partido progresista.
Frente a Mendizábal se fue formando un grupo
opositor en torno a Istúriz y Alcalá Galiano que sería el inicio del
llamado partido moderado.
Mendizábal prometió a María Cristina defender el
Estatuto Real de 1834 y no menoscabar las prerrogativas regias, pero al mismo
tiempo exigió asumir personalmente grandes poderes. El 31 de diciembre de 1835
Mendizábal consiguió que todos los procuradores menos uno otorgaran su voto
positivo al Proyecto de Ley de voto de
confianza al Gobierno de 16 de enero de 1836 para que se autorizarse a
éste a "proporcionarse cuantos recursos y
medios sean necesarios a la más completa asistencia a la fuerza armada" y se
hizo cargo de las carteras de Estado, Guerra, Marina y Hacienda. Pocos días
después Mendizábal obtuvo por Real
Decreto de la reina regente la disolución de las Cortes y hasta agosto
de ese año sacó adelante una serie de Reales Decretos con el que pretendió
establecer un ambicioso programa de reformas radicales:
1. La recuperación del crédito público para acabar con la deuda pública
mediante la desamortización de los
bienes del clero regular.
2. Aumentar el esfuerzo
financiero y humano para ganar definitivamente la guerra contra el carlismo
para lo que decretó una leva de 100.000
hombres para aumentar los efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional, una
requisa de caballos en toda la nación y un anticipo forzoso de 200 millones de
reales. En realidad la recluta no llegó a superar los 46.000 hombres al
admitirse la redención en metálico del servicio militar.
3. Reestablecer la libertad de
imprenta y los derechos fundamentales del individuo.
4. La reforma de la Ley
Electoral de 1834 para ampliar el censo de votantes a 65.000 electores y
establecer la elección directa de los procuradores a Cortes.
